Desde 1897, cuando los camarógrafos de Lumiére llegaron al país, el cine nacional ha pasado por marcados altibajos, por momentos de gloria pero también de abandono. Hoy, cuando entendemos el cine como parte esencial de la cultura y de la identidad colombiana, y cuando por fin contamos con las herramientas para hacerlo más fuerte, predecimos un futuro optimista para la cinematografía nacional.
La producción cinematográfica en Colombia tomó su primer impulso durante las primeras dos décadas del siglo XX. No obstante, los pioneros le apostaron casi siempre a empresas familiares y no contaron con el apoyo del Estado. El cine maravillaba como puro entretenimiento y vehículo de información.
El inicio de la intervención del Estado en la cinematografía se dio en 1938 con la creación de una sección de cine en el Ministerio de Educación, bajo la administración de Jorge Eliécer Gaitán. No fue sino hasta 1942, durante el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, que se promulgó la ley 9 con el ánimo de estimular y proteger la cinematografía colombiana. Dicha ley buscaba principalmente formalizar el sector, obligando a las empresas a constituirse legalmente y demostrar un capital colombiano del 80%. Sin embargo, aunque las medidas adoptadas por el gobierno estuvieran cargadas de buenas intenciones, el impulso por construir una industria cinematográfica no prosperó.
En 1972 el Estado intentó nuevamente brindar un apoyo a la producción cinematográfica por medio de la Ley del sobreprecio, que fomentaba la producción de cortometrajes. De esta manera, y como resultado de la ley, en el transcurso de 10 años se produjeron 600 cortometrajes, una cifra extravagante en comparación con el promedio de películas elaboradas en nuestro país hasta la fecha. Este fue un momento fundamental en la historia de la producción nacional, en la creación de empresa y en la incursión y consolidación del oficio.
Pero llegaría el 28 de julio de 1978. Ese día nació propiamente la industria del cine nacional apoyada por el Estado, gracias a la constitución de la Compañía de Fomento Cinematográfico, Focine, adscrita al Ministerio de Comunicaciones. Se trató de una gran escuela que permitió durante unos años consolidar equipos de trabajo multidisciplinarios e incursionar de manera constante en el oficio cinematográfico. Se realizaron numerosos medios y largometrajes, tanto documentales como argumentales, y se buscó fortalecer el vínculo entre el público y los cineastas a través de la emisión de películas en televisión. Con Focine se realizaron en total 29 largometrajes y hubo espacio para el trabajo de varias generaciones de creadores. Pero con el tiempo la compañía se malogró, y en 1993 tuvo que ser liquidada. Nuevamente el sector cinematográfico se quedó desamparado por el Estado y sin una oficina de gobierno que se encargara del diseño y la implementación de políticas de desarrollo.
Los pocos largometrajes producidos en los años siguientes obedecieron a esfuerzos de personas y equipos de trabajo que salieron adelante haciendo milagros. Estos realizadores demostraron que la necesidad de expresión a través de la cinta cinematográfica es algo más que una obsesión; es una necesidad cultural que recrea la memoria y la identidad. La mayoría de las personas dedicadas al cine encontraron en la televisión y el video su espacio de expresión, lo que aportó al desarrollo de estas industrias hermanas.
El cine tuvo que esperar hasta 1997, cuando los esfuerzos de los cineastas encontraron un espacio político concreto con la promulgación de la Ley 397 de ese año. La Ley General de Cultura creó al Ministerio del ramo y dentro de él, a la Dirección de Cinematografía y al Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, Proimágenes en Movimiento. La nueva ley también definió y resaltó temas como la importancia del cine para la sociedad, y las características generales de las producciones y coproducciones para ser consideradas como nacionales. Se creó el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, un ente con representación de todos sectores de la cinematografía, se volvió a dar reconocimiento oficial de la labor cinematográfica a través del Premio Nacional de Cine, el cual no se otorgaba desde 1982, y las asociaciones del sector pudieron reactivar sus actividades. Desde 1998 el promedio de largometrajes colombianos estrenados al año ha aumentado a 5,1; previamente era de solo 1,5.
Es importante resaltar que las acciones del Ministerio de Cultura frente al desarrollo de la industria corresponden a una política integral que se delinea a través de la normativa, la investigación, la formación, la producción, la divulgación, la preservación y la conservación. Esta política además traspasa las fronteras y crea puentes de interacción en todos los niveles. Desde la puesta en marcha de la Ley General de Cultura el Estado ha fomentado la creación de películas a través de convocatorias públicas, del Fondo lbermedia y de la circulación de información sobre ayudas de otros países, apuntando a la democratización del acceso de los apoyos, al fomento.
En julio de 2003 vendría otra buena noticia para la cinematografía de Colombia: la aparición de la ley 814, llamada también Ley de Cine, producto de un proceso de concertación de más de cuatro años entre los principales actores de la industria cinematográfica colombiana y de investigaciones previas. La Ley de cine le apuesta a la descentralización de la cultura y del cine y busca que la producción de películas en Colombia deje de ser una labor quijotesca de unos pocos soñadores empedernidos y se convierta gradualmente en una industria no solo rentable sino sostenible. Con ella, el Gobierno Nacional ideó unos incentivos de inversión y generó mecanismos que tienen como fin desarrollar integralmente el sector y promover toda la cadena de producción cinematográfica: desde los productores, distribuidores y exhibidores, hasta la preservación del patrimonio audiovisual, la formación y el desarrollo tecnológico, entre otros. La ley, una herramienta que permite la continuidad de los procesos creativos y productivos, hoy es una realidad que en su primer año logró llevar ocho películas a salas y apoyar a más de 60 proyectos cinematográficos en distintos estados de desarrollo.
Pero la ley 814 de 2003 no sólo mira al futuro; también contempla los esfuerzos de años del cine colombiano por contribuir en la construcción de nuestra identidad. Es así como el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía destinó importantes recursos al fortalecimiento del patrimonio audiovisual del país. Es gracias ala labor de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en la preservación de nuestra memoria audiovisual que hoy podemos contar con este catálogo de largometrajes, argumentales y documentales, en cine y video.
El cine, además de escribir nuestra identidad, nos permite reflexionar sobre las causas profundas de nuestro pasado, presente y futuro. Las películas nos entretienen pero nos señalan nuestras diferencias y puntos de encuentro; nos enseñan que el mundo está compuesto por personas diversas. El catálogo de películas colombianas que usted tiene en las manos en este momento es un sueño hecho realidad, un sueño que refleja la diversidad de Colombia y de la vida misma.
